Parece que
les ha llegado la hora de la privatización a los montes, a la naturaleza en
suma. La Comunidad de Castilla-La Mancha parece dispuesta a emprender la venta
de los montes de utilidad pública (MUP) que en principio son inalienables,
imprescriptibles e inembargables, como establece la Constitución (artículo 132)
y la ley de montes vigente. Y además el Estado, a través de su Administración
forestal, ha invertido mucho esfuerzo en hacer los catálogos que los incluyen y
los protegen.
La
desamortización propiamente dicha fue un proceso que duró más de un siglo, de
1821 a 1925. Fue la ley general de desamortización de 1855, conocida como ley
Madoz, la que más afectó a los montes, porque por primera vez incluía los
bienes de propios y comunes de los pueblos, que se tenían que vender aun contra
la voluntad de estos. Pero la propia ley arbitraba una serie de excepciones,
entre ellas las de aquellos montes que la Junta Consultiva de Montes
considerara oportuno no vender por razones de utilidad pública. La Junta
dictaminó en el mismo año 1855 que debían quedar en manos públicas,
preferentemente del Estado, los montes que ejercían imprescindibles
“influencias sobre la física del Globo”.
El proceso de
privatización de la tierra en España se caracteriza, pues, porque
desamortización y primera conservación de la naturaleza fueron a la par, fueron
procesos paralelos y complementarios. A la vez que se mandaba vender, se
cuidaba de exceptuar de la venta lo que tuviera interés general. Extraordinaria
tarea que hicieron los pocos ingenieros de montes de aquellos años, que
tuvieron que proteger unas superficies forestales que apenas conocían hasta
establecer en 1901 el Catálogo de MUP: aquellos formados por masas arboladas y
terrenos forestales que, por sus condiciones, pudieran garantizar la salubridad
pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de los terrenos. A lo
largo del siglo XX, el catálogo se ha ido corrigiendo y completando,
añadiéndoseles a los MUP otras funciones, como la fijación de CO2, el
mantenimiento del paisaje, de ecosistemas y corredores ecológicos, el acoger el
recreo de las poblaciones, etcétera. Su llevanza ha sido transferida a las
comunidades autónomas; y en el caso de Castilla-La Mancha, la actualización
culminó a finales de 2007, con la catalogación de 918 “montes de utilidad
pública” que suman 814.325 hectáreas, dos terceras partes de los cuales son
propiedad de las entidades locales.
No deja de
asombrarme e indignarme la facilidad y la frivolidad con que las
Administraciones públicas deshacen lo que ellas mismas han hecho con
anterioridad. En este caso, el indiscutible éxito de la gestión pública
ambiental que supuso el catálogo de MUP va a anularse con un argumento tan
discutible como el de las ventajas genéricas de lo privado sobre lo público. Y
sin dar explicaciones, como si la elección democrática de una mayoría de
gobierno justificara cualquier acción arbitrista, aunque no estuviera incluida
en el programa electoral, como es el caso.
La idea de
una desamortización de los montes para luchar contra el déficit fue planteada
hace tres años por un economista y exministro de Agricultura de los Gobiernos
de UCD. Sostenía que las propiedades forestales en manos públicas o muertas no
tienen utilidad y generan más gastos que ingresos, y se preguntaba por el
sentido de mantenerles el carácter público cuando el Estado ya se había
desprendido de sus propiedades industriales, financieras, inmobiliarias,
etcétera. Estimaba el autor que se podrían vender entre 2,5 y 3,5 millones de
hectáreas y sugería, para hacer alienable lo inalienable, recurrir al argumento
de una pérdida de las circunstancias que dieron lugar a la condición de UP.
Cabría
preguntarse, como hace el Colegio de Ingenieros de Montes al prevenir contra la
venta del patrimonio natural, ¿por qué entonces no vender también el patrimonio
histórico-artístico? Siguiendo el razonamiento expuesto: si se han vendido las
siderúrgicas, ¿por qué no vender catedrales? También deben gastar más de lo que
ingresan. Claro es que son de la Iglesia, y que esta no contribuye por su
patrimonio, pero también muchos montes son de los pueblos y esto no parece
entrañar problemas para plantearse la venta. No está de más recordar que en
aquel siglo XIX de (también) mucho déficit, se empezó por la desamortización
eclesiástica, la de Mendizábal, antes de la civil.
Se dice que
se piensa empezar las ventas por cuatro MUP de Toledo: el Dehesón del Encinar
de Oropesa al pie de Gredos, la Nava de Don Diego en los Navalucillos —muy
cerca de Cabañeros— y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa en los Yébenes. La
sospecha se funda en el primer caso en que ha sido desmantelada la granja
experimental agropecuaria que mantenía la Junta con el INIA, y vendido todo el
ganado; en los otros tres, en que en fecha reciente se ha suprimido su
condición de refugios de fauna con el argumento de que ya son compatibles la
explotación forestal y cinegética con la conservación del medio natural y de
sus recursos. Los cuatro montes son además propiedad de la Junta, resultado de
la política de compras a los pueblos por parte del Patrimonio Forestal del
Estado de los años 1960 y 1970.
Estaríamos, pues, ante un caso patente de esas
políticas de ir y venir a las que me refería: se compró para mejorar y
conservar, se vende para rentabilizar los recursos mejorados, en particular la
caza. Porque es obvio, el valor económico de estos montes y de la mayor parte
de los terrenos forestales de Castilla-La Mancha es el de sus recursos
cinegéticos, sobre todo; al tiempo que las funciones de carácter general que
desempeñan son las territoriales, ecológicas y paisajistas, puesto que albergan
una rica diversidad de flora y fauna, sujetan el suelo, fijan el CO2 y
constituyen paisajes culturales de enorme estima.
Es lícito
pensar que puede haber interés de los grandes propietarios que rodean las
fincas por adquirirlas, sobre todo saneadas y mejoradas como están, a precios
bajos, si no de saldo.
Los cuatro montes señalados tienen en torno a las 700
hectáreas, es decir, por encima de las 500 hectáreas establecidas como
superficie mínima para un coto de caza mayor. Y además están bien comunicadas y
cercanas a Madrid.
Lo peor es
que a lo mejor todo se hace en nombre de la sostenibilidad ambiental. Algunas
Administraciones públicas nos tienen acostumbrados a esos escandalosos juegos
de palabras. Baste citar la desvergonzada Ley 5/2012 que ha aprobado la vecina
Comunidad de Madrid, que para mayor escarnio se llama de Viviendas Rurales
Sostenibles. Ni viviendas, ni rurales, ni sobre todo sostenibles; y además un
monumento a la incultura urbanística, geográfica y paisajística. Bien merece el
apodo de ley ViRuS que se le ha dado por el acrónimo y por su carácter mórbido.
Pretende dar cumplimiento al “derecho constitucional de los madrileños a vivir
en contacto con la naturaleza” y por ello se les permite construir una vivienda
unifamiliar… siempre que se tengan las seis hectáreas que se establecen como
unidad mínima, lo que me temo que deje fuera del mencionado derecho a la
inmensa mayoría de los madrileños. Si por fortuna se poseen los 60.000 metros
cuadrados, la vivienda podrá ser de hasta 900 metros cuadrados.
Es un insulto
a la inteligencia llamar a semejante desafuero “rural y sostenible” cuando
promueve la edificación residencial dispersa, la más insostenible de todas, sin
limitación de infraestructuras (viarias, energéticas, residuos). Posiblemente
incurre en el vicio de inconstitucionalidad que supone sustraer a los
Ayuntamientos la competencia de la licencia en toda regla y convertirlos en
meros legitimadores de hechos consumados. Hiere particularmente mi sensibilidad
profesional que se hable de que las nuevas edificaciones “respetarán el
paisaje” simplemente porque al ser de una planta no deben causar demasiado
impacto visual. Se hace así un uso del término puramente visual, sin pensar en
el valor patrimonial de configuraciones rurales resultado de largas
interacciones.
El plan de
privatización de MUP y la ley de VRS son contrarios al Convenio Europeo del
Paisaje suscrito por España, a las leyes urbanísticas y forestales vigentes y,
en ciertos aspectos, a la propia Constitución.
Autora:
Josefina Gómez Mendoza (Catedrática emérita en Geografía y miembro de las Reales Academias de Historia e Ingeniería)
Josefina Gómez Mendoza (Catedrática emérita en Geografía y miembro de las Reales Academias de Historia e Ingeniería)
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