El
Día Mundial del Medio Ambiente pide este año consumir con
moderación.
Pocos
lugares como los bosques agradecerán que se interiorice este eslogan
Tapones
de corcho, folios, guitarras, envases y embalajes de papel y cartón,
muebles de jardín, pellets de madera utilizados como
biocombustibles, resina, etcétera. Miles de productos se pueden
adquirir en el mercado certificados por estándares de gestión que
garantizan que en España y en el mundo se lleva a cabo una
explotación sostenible de los bosques de los que proceden. Son las
marcas FSC, correspondientes a las siglas Forestry Stewardship
Council; PEFC, del Programme for the Endorsement of Forest
Certification; y el más incipiente Madera Justa, impulsado en España
por la Fundación Comercio para el Desarrollo (Copade).
Una
de las principales contribuciones que las personas podemos realizar
en nuestro quehacer cotidiano para fomentar una mejor gestión de las
forestas y de paso cumplir con el lema de este año del Día Mundial
del Medio Ambiente (Siete mil millones de sueños. Un solo planeta.
Consume con moderación) es buscar estas referencias en tiendas y
comercios. Todo sin olvidar otras conductas y compromisos, como
prevenir y evitar incendios forestales, no irrumpir en los bosques
con ruidos y “malos humos”, optar por la reutilización y el
reciclado y consumir preferentemente madera y otros productos
forestales de origen local.
En
la actualidad, las mayores presiones proceden de la transformación
completa del bosque en otros sistemas de producción, algo que ocurre
en especial en lugares como Sudamérica o el Sudeste Asiático, donde
millones de hectáreas sucumben ante plantaciones de soja y palma o
pastos para el ganado. El asunto se agrava con la tala ilegal.
Greenpeace, muy activa en la preservación de los últimos bosques
primarios (solo queda una quinta parte de la superficie original),
subraya la necesidad de frenar la explotación forestal desmedida.
Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques, recuerda
que “aunque en España la superficie forestal haya aumentado en el
último siglo, debemos ser conscientes de que nuestros hábitos de
consumo están vinculados con la deforestación planetaria”.
España
ha aumentado su superficie boscosa, pero aún padece de una débil
gestión
Recientemente,
la ONG Forests and the European Union Resource Network publicaba un
estudio en el que denunciaba que la Unión Europea es la mayor
importadora en valor (6.000 millones de euros) de productos
procedentes de terrenos desforestados ilegalmente. Holanda, Reino
Unido y Alemania están a la cabeza de las importaciones. En Madera
Justa quieren vencer esta dinámica centrando su trabajo en pequeños
productores y propietarios y en comunidades y cooperativas locales
para poner en valor los primeros productos certificados que salen de
Honduras, Guatemala o Chile.
Un
plan de ordenación
Pero,
por encima de sellos y marcas, lo ideal es que todos los bosques, sin
distinción de cobertura, ubicación o especie arbórea, tuvieran una
gestión sostenible, y para ello es básico contar con un plan de
ordenación. “Nosotros no nos metemos en un proceso de
certificación con un monte que no cuente con un instrumento de
ordenación debidamente elaborado y supervisado por técnicos
forestales que tienen en cuenta los tres pilares de nuestro sistema:
lograr beneficios ambientales, sociales y económicos”, asegura
Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC España. El programa
Dinamiza dehesa sostenible, de PEFC, fomenta también entre
propietarios la puesta en marcha de planes de gestión forestal
sostenible en el monte más mediterráneo presente en Andalucía,
Castilla y León, Cataluña y Extremadura.
A
pesar de todos estos esfuerzos, España suspende clamorosamente en la
ordenación de sus bosques, ya que solo el 14% cuenta con planes al
efecto. Mal asunto para el segundo país de la Unión Europea con
mayor extensión forestal, tras Suecia, y en un momento de
crecimiento. “Los bosques españoles están abandonados”, clamaba
el titular de la nota de prensa que emitió el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y
del Medio Natural durante la celebración del último Día
Internacional de los Bosques (21 de marzo). Otro dato demoledor
afianzaba la denuncia: “la inversión pública en gestión ha caído
un 50% en los últimos años”. “Estamos hartos de ver planes
sobre el papel acumulados en cajones de administraciones públicas
que no se ejecutan por falta de inversión, con lo que se mantienen y
acrecientan los riesgos de incendios y plagas”, afirma Raúl de la
Calle, secretario general del colegio de Forestales.
RADIOGRAFÍA
DEL ARBOLADO ESPAÑOL
Los
datos más precisos parten del último Anuario del Medio Ambiente
publicado en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. De él se desprende que en España hay 27,8 millones
de hectáreas de superficie forestal, de las cuales 18,4 millones se
consideran arboladas, y el resto desarboladas. Entre las primeras
dominan las frondosas (encinas, eucaliptos, robles, castaños,
fresnos…), con 10 millones de hectáreas; seguidas de las coníferas
(pinos, abetos, enebros…), son siete millones; y las masas mixtas,
con 1,4 millones.
Buena
parte de las cifras proceden del tercer Inventario Forestal Nacional
(IFN3), que cuantifica nuestro patrimonio forestal en 18.000 millones
de árboles. Castilla y León se sitúa a la cabeza, con 3.200
millones de ejemplares, por delante de Cataluña, con 2.700 millones.
Los últimos puestos los ocupan Baleares y Murcia, que no llegan a
los 200 millones.
En
cuanto a la propiedad forestal, la gran mayoría es privada, el 70%
del total. Las entidades locales reúnen el 22%; el Estado y las
comunidades autónomas, el 6%, y el restante 2% corresponde a
comunidades de socios.
Según
el anuario de Medio Ambiente, sobre el volumen de corta para
aprovechamientos forestales, madera y leña en 2012, el eucalipto
domina de forma aplastante, con 5,5 millones de metros cúbicos,
seguido a larga distancia de los pinos resineros (3,7 millones) e
insigne o de Monterrey (1,8 millones).
La
certificación forestal en España está dominada por el sello PEFC,
con 1,8 millones de hectáreas y 730 cadenas de custodia (productos y
servicios en el mercado). La marca FSC tiene un número de cadenas
similares (716) y menos hectáreas (200.000).
La
situación de los bosques y el sector forestal en España, informe
elaborado en 2013 por la Sociedad Española de Ciencias Forestales
(SECF), refleja unas cifras y una tendencia que se mantienen. Con
datos de Eurostat, resumen que “España ha aumentado su superficie
a un ritmo anual (2,19%) muy superior al de la media europea
(0,51%)”. Otro dato importante es que desde 1975 los bosques se han
densificado, pasando de un promedio de 656 a 975 árboles por
hectárea. Para la SECF, “las repoblaciones forestales y las
políticas de conservación de los recursos forestales han sido
claves”.
Gonzalo
Anguita señala otra causa: “El abandono de tierras agrarias y
ganaderas y su colonización por especies que originalmente las
poblaban es uno de los motivos principales del aumento de la
superficie arbolada”. Por su parte, Elena Domínguez, responsable
del programa de Bosques de WWF España, confirma que “es cierto, la
superficie forestal crece, pero observar solo ese parámetro conlleva
un análisis muy estrecho”.
La
aprobación de la nueva Ley de Montes, que ha encontrado el rechazo
unánime de propietarios y profesionales forestales y ecologistas,
debería servir para mejorar los números de la gestión y la
ordenación. Así lo entienden desde el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), donde afirman que “su
objetivo es mejorar la gestión para contribuir a la conservación de
la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la
lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de
los montes”. Pero hay un problema, al contrario que el texto que se
reforma, el actual no obliga a presentar planes de ordenación.
También es cierto que hasta la fecha no ha servido de mucho la
obligación de la anterior normativa.
Medio
Ambiente defiende una apuesta voluntaria: “se establece la
posibilidad de que las comunidades autónomas aprueben unos modelos
técnicos de gestión, a los que se pueden adherir voluntariamente
los propietarios forestales que cumplan con las condiciones que
marquen las autoridades autonómicas competentes, considerándose
estos montes ordenados”. Solo los montes de utilidad pública y los
que cuenten con alguna figura de protección están obligados a
contar con un plan de ordenación.
“Hay
que implicar a la sociedad en la gestión de los bosques”. Es el
mensaje que se lanza desde todos los frentes, de ahí la importancia
de que las personas que forman esa sociedad cuenten con referentes
que les permitan dar pasos en la buena dirección.
Incentivos
fiscales
Desde
el Colegio de Forestales consideran básico que se introduzcan
incentivos fiscales a la inversión en gestión forestal sostenible,
y que los planes de ordenación sean redactados y su desarrollo
supervisado sus por profesionales. Raúl de la Calle afirma que
“resulta trascendental que esas inversiones se puedan desgravar
porque hacer un plan de ordenación o certificar el monte como
sostenible cuesta mucho esfuerzo y dinero, que en muchas ocasiones se
destina a conseguir un bosque de calidad para beneficio del medio
ambiente y las personas, sin rédito económico directo”. Gestionar
no es fácil, insisten desde el sector forestal, y son muchas las
debilidades: falta de rentabilidad, producciones a largo plazo por
los turnos de corta, mercados débiles, escasez de fondos públicos,
catástrofes naturales, etcétera.
Elena
Domínguez apunta que “hay que asumir que los bosques y sus
propietarios dan un servicio importante a la ciudadanía que hay que
incentivar”, y señala como trascendental el compromiso en la
compra pública y privada de productos. “Hay grandes empresas y
administraciones que han entrado en esta dinámica, pero son minoría
y encima la crisis ha parado su crecimiento”, resalta. El
observatorio Ciudades por los Bosques de WWF mantiene muchas más
entidades públicas en la “lista roja” por no contar con un
programa de compra responsable que en la “lista verde”, donde
solo aparecen Barcelona, Benicarló, Gavá, Hospitalet de Llobregat,
León, Madrid, Murcia, Sant Boi de Llobregat y la Diputación de
Toledo. “Muchas empresas empiezan a notar en su balance económico
que, especialmente en Europa, se apuesta sí o sí por productos
FSC”, añade Domínguez.
Los
profesionales insisten en el potencial energético de la biomasa
forestal
En
FSC ponen algunos ejemplos de impactos beneficiosos dentro de una
planificación adecuada, como la unificación de gestión en lugares
como Galicia, donde reina el minifundio, lo que permite optimizar la
inversión en certificación para unos propietarios que a veces
disponen de menos de una hectárea de monte. En Andalucía hay
cuadrillas de extracción de corcho en zonas con ordenación que han
absorbido a jóvenes que padecieron el desplome del boom de la
construcción. Además, junto a explotaciones principales de madera
de pino y corcho en bosques de espacios naturales andaluces
certificados con FSC, la diversificación de la producción ha
permitido reactivar actividades tradicionales en desuso, como la
recolección de palmas y plantas aromáticas y medicinales (poleo,
cantueso, laurel, orégano, tomillo). En la actualidad se producen
aceites esenciales, ambientadores, colonias, perfumes, gel y jabones.
Es
un ejemplo de todo lo que aporta el bosque, que es mucho más que
madera. Es conservación de la biodiversidad, es recogida de setas,
piñones y castañas, es ganadería extensiva, es caza y pesca, es
turismo rural e incluso energía. Propietarios y profesionales
forestales insisten en la potencialidad energética de una biomasa
forestal que crece cada año y que se podría aprovechar de forma
sostenible para producir principalmente calor en calderas domésticas,
industriales y en edificios de servicios públicos.
Elena
Domínguez advierte de que lo que tenemos encima de la mesa (la nueva
Ley de Montes) no va a cambiar la situación actual. El ministerio de
Medio Ambiente defiende su política forestal mostrando la eficacia
en la lucha contra los incendios forestales, con un descenso en la
superficie afectada por las llamas. La propia ministra, Isabel García
Tejerina, ha manifestado en varias ocasiones que “la lucha contra
los incendios forestales es una de las grandes prioridades del
ministerio”. El resto del sector considera que ese presupuesto se
podría rebajar sustancialmente si el monte estuviera bien gestionado
y se fomentara la integración de la ciudadanía en esa gestión.
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