Los 129 millones de euros de multa que recibió la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (hoy Coto Minero Cantábrico) por explotar durante una década una mina a cielo abierto sin licencia urbanística ni ambiental se han quedado en solo 800.000 euros. El juez de lo contencioso administrativo número 2 de León, Fernando Javier Muñiz, ha rebajado la sanción a menos de la centésima parte porque considera que la empresa apenas ganó dinero durante la explotación de la mina El Feixolín (Villablino, León).
La minería a cielo abierto en León vive artificialmente gracias a las subvenciones del Ministerio de Industria. La empresa MSP, que luego se fusionó con Hullas del Coto Cortés para dar lugar a Coto Minero Cantábrico, es la mayor del sector, y recibe al año más de 100 millones de euros en subvenciones de Industria para mantener la producción eléctrica con carbón nacional. Eso no solo ha aumentado las emisiones de CO2, sino que ha generado problemas ambientales. La Comisión Europea ha criticado duramente a España por permitir estas grandes explotaciones (que, literalmente, horadan la montaña) sin permisos, y ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir directivas europeas de protección natural en el Valle de Laciana.
La explotación más polémica ha sido, probablemente, El Feixolín, incrustado en una reserva de la biosfera, zona de interés comunitario, de especial interés para las aves, perteneciente a la Red Natura 2000 y hábitat del urogallo y el oso pardo. Pese a carecer de licencia urbanística y ambiental, la mina funcionó durante 12 años sin problema, hasta que en 2007 un juez ordenó su cierre inmediato. Antes, el Ayuntamiento le había impuesto una sanción de 170 millones, que rebajó a 129, que era lo que calculaba que había ganado la empresa en la mina entre 1995 y 2006.
La empresa recurrió y ha conseguido en parte su propósito. En la sentencia, del 15 de septiembre, el juez considera que el cálculo era excesivo, ya que "existe una enorme dificultad para concretar la existencia de un beneficio referido a la explotación de El Feixolín" y añade que hay que tener en cuenta que la restauración de la mina absorbería el beneficio.
Carlos González Antón, abogado que ha llevado el caso contra la empresa, señala que la indemnización "sería importante si no fuera por el destrozo realizado. El Algarrobico comparado con esto es diminuto. El Feixolín son 200 hectáreas en un espacio protegido durante 10 años". El abogado representa a un vecino, Antonio Arias Tronco, que lleva años litigando contra la mina porque le afectaban las voladuras.
La empresa, propiedad de Victorino Alonso, y la mayor del sector del carbón, anunció ayer a través de un portavoz que piensa recurrir.
Filón Verde, una asociación de la zona contraria a los cielos abiertos, calcula que la empresa recibió entre 1998 y 2009 unos 1.168 millones de euros en subvenciones (sin contar los que recibe la otra minera de Alonso). Luis Álvarez, secretario de Filón Verde, sostiene que "lleva más subvenciones que Iberia, y que con eso podría mantener a la plantilla sin sacar carbón". Filón Verde está compuesta en buena medida por exmineros, y considera que "rebajar la multa a esa cantidad irrisoria" es "una burla". El historial judicial del Feixolín, y de otros cielos abiertos de la comarca, daría para escribir un periódico. Pero si se muere la producción no parece que vaya a ser por problemas judiciales.
Más información:
http://www.filonverde.org/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/170/millones/multa/mina/excavar/licencia/monte/protegido/elpepusoc/20061215elpepisoc_2/Tes
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