Brasil planea levantar
15 grandes hidroeléctricas en la selva en los próximos nueve años
La gresca
avivada en Brasil entre el Gobierno y las organizaciones ambientales e
indigenistas por la construcción de enormes plantas hidroeléctricas en la
cuenca amazónica está lejos de acabar. Según el Plan Decenal de Expansión
Energética diseñado por el Ejecutivo de Dilma Rousseff, Brasil levantará 15
hidroeléctricas en el Amazonas en nueve años. Mientras seis obras ya avanzan a
todo trapo (Jirau, Santo Antônio de Jari, Belo Monte, Colider, Ferreira Gomes y
Teles Pires), la inauguración de nueve plantas (Sinop, Cachoeira Calderão, São
Manoel, São Luiz do Tapajós, Jatobá, Bem Querer, São Simão Alto, Marabá y Salto
Augusto Baixo) está prevista para el quinquenio 2017-2021.
La faraónica
obra de la central de Belo Monte, en el río Xingú, y las de Jirau y Santo
Antônio, en el Madeira, representan, por su impacto ambiental y envergadura,
los campos de batalla de los ecologistas. Es previsible que en los próximos
años surjan nuevos focos de tensión, ya que algunos de estos proyectos se
desarrollarán en áreas sensibles de selva virgen y en territorios indígenas en
las cuencas de los ríos Tapajós, Teles Pires o Juruena. “Nuestra posición no es
contraria a la energía hidroeléctrica, sino a las obras de gran envergadura que
tienen un fuerte impacto social y ambiental. Además, las largas distancias
desde estas plantas hasta los núcleos urbanos convierten el modelo en poco
eficiente”, explica Ricardo Baitelo, coordinador de Clima y Energía de
Greenpeace Brasil.
La
presidenta, Dilma Rousseff, tiene claro que la mejor manera de garantizar el
crecimiento económico del país, que en los últimos dos años ha dado señales de
debilidad, consiste en acabar con el déficit eléctrico y modernizar
infraestructuras de transporte terrestre, marítimo y aéreo. Buena parte de
estas prioridades fijadas en el Programa de Aceleración del Crecimiento afectan
al Amazonas, la mayor reserva de riqueza natural del país. Por ejemplo, la
construcción de 7.500 kilómetros de carreteras y 10.000 kilómetros de líneas
férreas, o el trazado de nuevos tendidos eléctricos, requerirá abrir paso en la
inexpugnable región selvática.
“Nuestra
Constitución permite la explotación de los recursos minerales e hidráulicos que
se encuentran en tierras indígenas, aunque aún no exista una legislación clara
al respecto”, dice Altino Ventura, secretario de Planificación Energética del
Gobierno brasileño: “No obstante, damos prioridad a hidroeléctricas que no
toquen tierras áreas indígenas demarcadas o parques nacionales”.
En el terreno
energético, la Empresa de Pesquisa Energética (EPE), dependiente del Gobierno,
pronostica que Brasil duplicará su producción eléctrica esta década. La
principal fuente seguirá siendo la hidroeléctrica, prioritaria para el Gobierno
y responsable de más del 80% del consumo del país. La cuenca amazónica
representa un yacimiento inagotable de megavatios al que el Ejecutivo de
Brasilia no está dispuesto a renunciar. Las seis hidroeléctricas ya en
construcción, sumadas a las nueve en estudio, representan menos de la cuarta
parte de la capacidad de generación de los dos principales ríos de la región
selvática: el Amazonas y el Tocantins. “Los recursos están ahora en la región
norte [que incluye el Amazonas] y nuestro desarrollo energético pasa por esta
zona”, confirma Ventura.
El Gobierno
argumenta que muchas de estas plantas serán pequeñas y que tendrán la misma
estructura que las plataformas petrolíferas para minimizar su impacto. El
modelo incluiría un reducido número de operarios, la ausencia de núcleos
urbanos y la reforestación de la selva afectada en la construcción. Tras la
puesta en marcha, solo quedaría una plataforma aislada en medio de la selva sin
acceso terrestre. Los trabajadores solo podrían entrar y salir en helicóptero.
Según las
ONG, al inundar enormes áreas de selva, estas plantas modifican el ecosistema;
alteran los caudales, los cauces y los fondos de los ríos impidiendo a veces su
navegación y desplazan a las poblaciones que viven en los márgenes y violentan
a las comunidades indias que exigen el respeto de sus tierras ancestrales.
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