Indonesia fue el primer país del mundo en establecer una legislación sobre inversiones REDD. El programa de Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación forestal impulsado por la ONU pretende la salvación de los bosques y el desarrollo de los países pobres. Para otros, en cambio, los proyectos REDD son una fuente de créditos baratos que esconden el uso continuado y creciente de los combustibles fósiles. «El Gobierno australiano planea reducir su contribución al calentamiento global en un 5% (30,75 megatoneladas de CO2) comprando 46 Mt de CO2 de compensaciones fuera del país», explica James Goodman, de Amigos de la Tierra Australia. El país oceánico ha destinado 30 millones de dólares australianos a la protección de las áreas boscosas de Jambi, provincia indonesia ubicada en la costa oeste de Sumatra central.
«Aparecen los agentes de las naciones ricas y ofrecen 2 millones de dólares por 100.000 hectáreas (ha) para REDD. Hacen la cuenta en ha en lugar de en carbono porque matemáticamente es más fácil, pero es un error. Los receptores aceptan 2.500 dólares por ha protegida y desconocen que tendrían que gastar una cifra muy superior (unos 10 millones de dólares) en controles que garanticen que dichas demarcaciones se preservan y en sistemas capaces de calcular el carbono que produce una determinada área», comenta Fitrian Ardiaansyah, de WWF Indonesia. El país asiático, de momento, carece de un sistema de monitoreo y verificación de los gases de efecto invernadero que lanzan a la atmósfera los bosques y las turbas. La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha detectado, además, otros dos problemas: leyes con definiciones imprecisas y un sector forestal con demasiados actores autorizados.
Indonesia es el tercer emisor mundial de CO2; el mayor productor mundial de aceite de palma; el mayor exportador de carbón térmico; y sus exportaciones de pulpa de papel se han multiplicado por quince desde 1990
«¿Qué es REDD, un nuevo tipo de animal?»
Las plantaciones de aceite de palma y celulosa, así como la extracción maderera y minera provocan sequías e incendios durante la estación seca. E inundaciones y desprendimientos de tierras durante la época de lluvias, advierten los expertos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas expresó su preocupación al Gobierno de Indonesia en 2009: «Las normas sobre REDD no respetan los derechos de los pueblos indígenas». «¿Qué es REDD, un nuevo tipo de animal?», se pregunta Akon, un granjero del este de Kalimantan. «Ahora, si siembras en un punto, como siempre han hecho tus antepasados, te llaman okupa. Y si recolectas leña para el fuego te etiquetan de maderero ilegal», apostilla.
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, estableció de manera oficial la prohibición de conceder nuevas licencias para la explotación forestal durante los próximos dos años. La disposición, contemplada dentro del pacto alcanzado con Noruega en la Conferencia Internacional sobre Clima y Bosques de Oslo (2010), establece que Indonesia recibirá mil millones de dólares en concepto de ayuda. Yudhoyono tenía que haber firmado el decreto el 1 de enero de 2011. No obstante, el ministro de Medio Ambiente, Gusti Muhammad Hatta, recordó que la moratoria estaba vigente desde principios de año, pese a no darse un marco legal. «Un día antes de que empezara el plazo de exclusión el Ministerio concedió la explotación de tres millones de ha de plantaciones a 44 compañías», rememoraron también los ecologistas. El hecho de que el proyecto REDD entre Indonesia y Noruega se centre en la provincia de Kalimantan central y que el de la ONU haya elegido Sulawest central también les desconcierta. «Papua, el área de bsoque más amenazada, es la gran olvidada. Parece que van a seguir procediendo con su "negocio habitual" allí», manifiestan desde la ONG Greenomics Indonesia.
«Si decimos que los cultivos de acacia (para papel/madera) han de establecerse en "tierras degradas" es importante darse cuenta de que muchas de éstas serán reclamadas por agricultores legales que requerirán una compensación por la pérdida de ingresos. A las multinacionales no les gusta perder el tiempo en largas negociaciones, por lo que optan por usar los bosques en vez de las tierras deforestadas», explica Erik Merjaar, ex activista de The Nature Conservancy.
Estudios del Banco Mundial recogen que más del 60% de todas las tenencias de superficie en Indonesia están bajo manos informales o consuetudinarias.
La degradación forestal origina el 80% de las emisiones de CO2 de Indonesia. Los ecologistas estiman que el 46% del área boscosa del país asiático se destinará a plantaciones de tala en los próximos años
REDD, un puntal más para combatir el cambio
«La moratoria abre una gran oportunidad para que la industria forestal indonesia y las partes implicadas puedan impulsar la ordenación territorial y las mejores prácticas de gestión sostenible», señala Aida Greenbury, directora general de Asia Pulp&Paper Gorup (APP), una de las empresas productoras de madera para pasta y papel más importantes del mundo. APP aprovechará estos dos años para lanzar una investigación pionera que analice el volumen de CO2 y CO4 emitido en las zonas de turba vírgenes de Riau, Jambi y Sumatra meridional. Asimismo, readjudicará unas 21.000 ha que le fueron concedidas para la fabricación de celulosa a reservas de carbono (en Kampar, 15.000ha) y a la construcción de corredores naturales ricos en biodiversidad (en Taman Raja, 6.000 ha).
«Los bosques son, en gran medida, estimados por la madera o el aceite de cocina que suministran. Nuestro reto consistirá en cambiar el paradigma para subrayar que los bosques suponen más que su valor en pie», expresa Kuntoro Mangkusubroto, jefe del grupo indonesio de Trabajo REDD. La transición a una economía baja en carbono, no obstante, necesitará mirar más allá del sector forestal.
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