La
gran industria española denuncia que el sistema europeo de lucha
contra el cambio climático se ha vuelto en contra de las plantas del
sur de Europa. La Comisión Europea ha autorizado ayudas de Estado
para la industria pesada (químicas, siderúrgicas, papeleras...) en
riesgo de deslocalización por el alto precio de la electricidad
derivado de coste del dióxido de carbono. Alemania ha sido el primer
país que ha anunciado que compensará a sus productores con hasta
500 millones de euros al año. España, inmersa en una dura política
de austeridad, solo ha habilitado un millón los presupuestos para la
industria local.
Desde
el año 2008, el CO2 ha sido un gran negocio para la industria
pesada. Cementeras, azulejeras, acerías... recibieron gratis unos
derechos de emisión que no usaron debido a la caída de la actividad
industrial por la crisis. Así que hicieron caja vendiéndolos. Solo
en España, la industria ha ingresado ya 1.300 millones. Para acabar
con eso, Bruselas cambió el sistema. Desde el 1 de enero, las
eléctricas ya no reciben gratis el CO2<. Tienen que adquirirlos
en una subasta y previsiblemente lo cargaran en el recibo. Eso
castiga indirectamente a plantas que consumen mucha electricidad
—aunque no emitan CO2— como la del cloro o la papelera.
El
año pasado, y en contra del criterio del Gobierno español, la
Comisión Europea autorizó a los países a dar ayudas de Estado para
evitar la deslocalización de estas industrias con un alto consumo
eléctrico. Europa ve como la brecha del precio de la electricidad se
agranda no solo con los emergentes sino con EE UU, debido a su auge
del gas no convencional. El primer país en anunciar que dará ayudas
de Estado ha sido Alemania, en una cuantía que puede llegar a 500
millones al año, según estimaciones citadas por la agencia
especializada Point Carbon. Reino Unido podría destinar otra
partida.
Luis
Serrano, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE y de
la patronal química (Feique), es muy duro con el modelo: “Da una
ventaja competitiva a la industria alemana frente a la del sur de
Europa, cuyos países no pueden dar esas ayuda”. Las directrices
aprobadas por Bruselas “rezuman alemán”, en palabras de un
industrial español.
En
España, los Presupuestos han habilitado una partida de un millón de
euros para el “programa de compensación costes indirectos del
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero. “Es testimonial, pero al menos el Gobierno admite que
el problema existe”, valora Serrano.
Fuentes
comunitarias admiten que la queja española tiene base, aunque
señalan que es pronto para culpar al CO2. Señalan que con el precio
de la tonelada hundido —ronda los cinco euros cuando el sistema se
diseñó para 20— no se puede culpar a la política de cambio
climático de afectar a la competitividad. Sin embargo, Bruselas es
consciente de que si no afecta en España tampoco lo hace en Alemania
y que la ayuda de hasta 500 millones, de aplicarse, sería una
compensación excesiva que beneficiaría a su industria.
Aniceto
Zaragoza, director general de Oficemen, patronal del cemento,
coincide en la crítica: “Aumenta la distorsión en Europa y
empeora la situación de la industria del sur, donde más dura está
siendo la crisis”.
Además,
el sistema aprobado por Bruselas establece un factor de ayuda por
países en el que una planta en España podría recibir menos que en
Francia o Alemania. “La política de cambio climático hasta ahora
era europea, pero se ha fragmentado”, lamenta Zaragoza, cuyo sector
no puede recibir ayudas.
Fuente:
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/15/actualidad/1358284022_915721.html
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http://economia.elpais.com/economia/2013/01/15/actualidad/1358284022_915721.html
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